Denunciados en 2 años, 272 servidores públicos

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Pese a señalamientos solo se conocen dos vinculaciones a proceso penal.

El pasado 2016 fueron denunciados ante la Federación 97 servidores públicos por cometer delitos relacionados a su desempeño dentro del cargo que ocuparon en Durango, el año anterior la cifra fue de 175, sin embargo a la fecha solo se tiene conocimiento con certeza de un ex presidente municipal y una ex funcionaria de la administración anterior que fueron vinculados a proceso penal.

Según lo contempla el Código Penal Federal, Título Décimo, en su primer capítulo se define al servidor público como quien desempeña un cargo de cualquier naturaleza en la administración pública, federal, organismos y empresas de participación estatales, sociedades, fideicomisos, poderes de la federación y son aplicables para Gobernadores de los Estados, Diputados y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia local.

Sabiendo eso se puede establecer que las faltas cometidas por servidores públicos se basa en la malversación de fondos federales y pueden abarcar cuestiones administrativas como ejercer sin haber tomado el cargo, ejercer cuando ya ha sido revocado, afectar el patrimonio de la institución para la que labora, use documentación de forma ilegal entre otras.

Sin embargo uno de los apartados que llaman la atención de este Décimo Título es el Capítulo V que se refiere al Uso Indebido de Atribuciones y Facultades en donde prácticamente se describen las acciones y omisiones por las que muchos de los ex funcionarios de la administración de Jorge Herrera Caldera y de Sedesol Durando, se supone están siendo investigados por lo que es es pertinente citar lo siguiente:

I.- El servidor público que indebidamente: A) Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación; B) Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico; C)Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamiento o aportaciones y cuotas de seguridad social, en general sobre los ingresos fiscales y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la administración pública federal.

D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.

Desafortunadamente de comprobarse cualquiera de estas anomalías podrá ser sancionado de acuerdo al monto de las operaciones y cuando éste no excede 500 veces el salario mínimo vigente le pueden imponer de tres meses a dos años de prisión y una multa de 30 a 300 salarios, cuando el monto supera los 500 salarios, son como mínimo dos años de prisión, de 30 a 300 a emolumentos de multa así como la inhabilitación de dos años para ejercer cualquier cargo público.

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