Fiscalía brasileña presenta una nueva acusación contra Lula por corrupción

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La fiscalía brasileña presentó una nueva denuncia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por el caso “Lava Jato”, la sexta contra el influyente político en relación con esa megacausa de corrupción política. Lula fue acusado junto con otras 12 personas de corrupción pasiva y lavado de dinero en relación con la millonaria reforma de un inmueble en la localidad de Atibaia, ubicado en el interior del estado de Sao Paulo, que era usado por el ex presidente y su familia.

Una magistrada determinó que es necesario esperar la pericia técnica sobre la grabación que presuntamente exhibe corruptelas del mandatario brasileño.

Las constructoras Odebrecht y OAS son acusadas de haber pagado con las obras sobornos para obtener contratos con la petrolera estatal Petrobras, que está en el centro del caso “Lava Jato” (“Lavado de autos”). En la trama también fue implicado el grupo mixto de ingeniería y del sector inmobiliario Schahin. En otro caso paralelo, el apartado senador y excandidato a la presidencia Aécio Neves, y el diputado federal apartado Rodrigo Rocha Loures, han sido acusados de obstruir las investigaciones en el caso Petrobras.

El juez del caso “Lava Jato”, Sérgio Moro, debe decidir si acepta el nuevo caso contra Lula. Se trata de la cuarta denuncia contra el expresidente vinculada directamente con “Lava Jato” en Curitiba, la sede de esa causa en el sur de Brasil. Contra Lula hay otros dos casos por ramificaciones de “Lava Jato”. La primera sentencia contra el ex presidente en uno de los juicios llevados por Moro se espera a partir de finales de junio.

De ser declarado culpable, Lula podría ser inhabilitado para cargos públicos o incluso ir a prisión. En ese caso estará impedido de disputar las elecciones presidenciales de 2018, para las que, pese a no haber confirmado su candidatura, lidera todos los sondeos.

También fueron denunciados, junto a Lula, el empresario Marcelo Odebrecht, expresidente del grupo Odebrecht; Léo Pinheiro, dueño de OAS; José Carlos Bumlai, empresario muy próximo a Lula y que supuestamente intermedió las negociaciones, y Fernando Bittar, un amigo del expresidente y que figura en los documentos como el propietario de la casa de campo.

Agencias

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