Lo prometido es deuda

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EDITORIAL |

La aprehensión del periodista Rafael Herrera Piedra y su encarcelamiento por fraudes cometidos al gobierno del estado por una cuantía de más de 100 millones de pesos en el sexenio pasado, es el primer y muy significativo testimonio de que el gobernador José Rosas Aispuro Torres, no permitió al inicio de su mandato el clásico “borrón y cuenta nueva”.

La medida enérgica y ajustada a los reclamos sociales podría ser solo el principio de un largo episodio de detenciones, pues la ciudadanía espera también el encarcelamiento de la exsecretaria de Finanzas, María Cristina Díaz Herrera, y del mismo exgobernador Jorge Herrera Caldera, que ocupa el cuarto lugar entre los exmandatarios señalados por la vox populi, al haber sangrado las finanzas públicas de sus respectivos estados.

Desde el inicio de su mandato Rosas Aispuro garantizó que se rendirían cuentas claras a la ciudadanía cumpliéndose de manera vertical las normas jurídicas y legales a las que está sujeta toda persona cuando, abusando de un poder o una relación con funcionarios de primer nivel se acude al saqueo.

Herrera Piedra que asumió la personalidad política del suprafuncionario – nada por encima de él y él por encima de todos,- llegó a extremos tan escandalosos que, usurpando las facultades y el poder de mando del gobernador del estado, citaba a los secretarios del gabinete a su oficina y ahí, les daba instrucciones.

Es obvio que hoy, el titular del poder ejecutivo avanza en una tarea que dignifica su imagen y la función pública, y que responde al reclamo de los duranguenses por salvaguardar lo más sagrado: su patrimonio económico.

Es importante destacar que, de acuerdo a las informaciones brindadas por la presente administración, parte de la inmovilidad financiera que muestra el gobierno local en el primer año de este sexenio, obedece al escandaloso despilfarro de fondos públicos que hubo en el anterior gobierno, lo que mereció la condena enérgica del pueblo y colocó al mismo estado ante aprietos y graves dificultades para atender los reclamos sociales y cumplir con los programas de obras y servicios.

De la larga fila de irregularidades que fueron señaladas en las primeras auditorías al gobierno pasado, sobresalen aplicaciones financieras incorrectas o inadecuadas, faltante de recursos en oficinas públicas, compras de bienes y servicios fuera de la normatividad, concursos amañados para adjudicación de obras y clara preferencia a personajes privilegiados en diversas concesiones.

Uno de los fenómenos que más disgusto provocó a la ciudadanía, fue la extraña aparición del Hotel Hampton Inn, sobre terrenos que pertenecían al DIF, lo que debe de concluir con una profunda investigación que permita la restitución económica del daño causado al estado.