Gobierno de EPN espía a periodistas y activistas: NYT

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Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción en México han sido afectados por un programa de espionaje adquirido por el Gobierno de México, de acuerdo con el diario The New York Times (NYT).

Los personajes espiados por el gobierno de Pena Nieto que fueron identificados en el artículo del New York Times son: Juan Pardiñas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien ayudo a escribir la legislación anticorrupción, la periodistas Carmen Aristegui y su hijo adolescente, Emilio; Mario E. Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representante de los padres de los 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala Guerrero en septiembre de 2014.

También Santiago Aguirre, abogado representante de los familiares de los normalistas; la abogada estadunidense Stephanie E. Brewer, quien representa a personas que participaron en las protestas de San Salvador Allende, Estado de México y que fueron víctimas de ataque sexual cuando estuvieron encarceladas, y el conductor del programa de noticias de la mañana de Televisa, Carlos Loret.

“Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí”, dice NYT.

Se trata del software conocido como Pegasus, el cual se “infiltra en los smartphones y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto”, según el reportaje del NYT .

Sin embargo, el programa sólo debería ser utilizado para investigar a criminales y terroristas. El fabricante del software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que sólo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y cárteles de droga.

El Gobierno mexicano reconoce haber recabado información de sospechosos legítimos de un modo apegado a derecho, señala NYT. “Como en cualquier régimen democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el Gobierno realiza actividades de inteligencia”, señaló un funcionario.

De acuerdo con la ley del país, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunidades privadas y solo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud.

Agencias

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