La verdad, y no una mascarada

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Editorial  |

La sociedad duranguense espera que, en las investigaciones llevadas a cabo por la autoridad correspondiente para castigar a los saqueadores del anterior sexenio, predomine la verdad jurídica y la razón penal para encarcelar a los presuntos responsables del despilfarro económico cometido en perjuicio del patrimonio de todos.

Ya no es tiempo de utilizar una máscara o maquillar la realidad que está por encima de la piel y esto viene al caso, porque en torno a las acusaciones lanzadas contra el primo del gobernador, un segmento de la sociedad estima que se dan ya las perversas condiciones para orquestar una salida fácil al acusado o deslindar sus responsabilidades con artilugios y marrullerías jurídicas que dejarían a la autoridad en claro ridículo.

El pueblo de México y con mayor razón el de Durango está cansado de la patente de corso  que hoy en día se da a los políticos y a sus protegidos.

De las declaraciones iniciales de la misma autoridad local surgidas al inicio del sexenio y al conocerse el clima de abusos en el que se manejó el gobierno  se desprende también que no solo hubo fraude en la comisión de los delitos sino que también se usurparon funciones, enriquecimiento inexplicable, sociedad delictuosa, peculado, alteración de datos oficiales, aplicación punitiva de recursos estatales y federales, preferentismos en las concesiones y obras así como otras acciones más que al ser valoradas correctamente por un juez, le tiene que dar como conclusión la rotunda negativa para conceder la libertad.

El poder Judicial, autoridad al que está sometido el arbitrio de los jueces locales, tiene hoy  la oportunidad de dignificar su trabajo y demostrar en Durango que la corrupción sí se puede atacar, y lo más importante, erradicar de tajo.

Hay testimonios y  datos confiables que demuestran que no hubo recato en el abuso, se pueden conjugar pruebas de que se cometieron no uno, sino varios delitos. Si se integró un expediente con más de 300 hojas, ridículo sería decir que quienes están acusados podrán con toda facilidad disfrutar de la libertad condicional, solo con la aportación de una fianza y esa fianza entregarse en especie que no será precisamente dinero.

No se trata tampoco de emprender una “cacería de brujas”, lo que se debe buscar es erradicar el mal desde su origen y castigar a los verdaderos responsables.

Si el faltante acumulado al cierre de las operaciones gubernamentales del sexenio anterior arroja un monto de cinco mil o más millones de pesos, es obvio que en el manejo deshonesto y peculado de los fondos, ese dinero cruzó por varias manos.

Hay que castigar no solo a quien dispuso de los recursos, sino a quien autorizó su salida, y de paso encarcelar a los empresarios infiltrados que, en la mayoría de las ocasiones simplemente se lavan las manos.

Por tratarse de un bien patrimonial de particular importancia, la recuperación de los terrenos del DIF donde se construyó un hotel debe ser determinación jurídica plena y sentencia irrevocable de un juez, que castiguen al que los vendió, pero también al que los compró a precio irrisorio o totalmente regalado.