Orden de aprehensión en contra de Díaz Juárez

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Irregularidades en la contratación de servicios a la empresa PACS Computación, la adjudicación fue directa.

El titular de la Consejería de Asuntos Jurídicos, Galdino Torrecillas Herrera, ayer en rueda de prensa informó que en torno a las auditorías e investigaciones que se realizan a las finanzas del Gobierno del Estado, se detectaron varias irregularidades sobre presuntos desvíos de recursos, lo que originó la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) y la liberación de una orden de aprehensión en contra del extitular de la Secretaría de Salud de Durango (SSD), Eduardo Díaz Juárez.

Ante las pruebas presentadas por el actual titular de los Servicios de Salud, César Humberto Franco Mariscal, el juez obsequió la orden de aprehensión no solo en contra del extitular antes mencionado, sino también contra la exdirectora administrativa de dicha secretaría, María de Lourdes Eugenia Díaz Herrera, quien en conjunto con Díaz Juárez avalaron las presuntas irregularidades.

Torrecillas Herrera dijo que la mencionada orden de aprehensión es por la presunta comisión del uso indebido de atribuciones y facultades especificadas en el Artículo 334 de la Ley del Estado, ya que se contrataron servicios con la empresa PACS Computación (propiedad de la empresaria Diana Ocón Alvarado) por un monto de más de 60 millones de pesos que nunca fueron realizados ni siquiera al 50 por ciento.

El probable desvío de recursos en primera instancia tiene que ver con la adjudicación directa del contrato a la empresa, omitiendo los procedimientos legales que son obligatorios. En los artículos 57 y 58 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Estado de Durango se establece que se debieron cumplir los procesos para celebrar los contratos de adquisición, lo que no sucedió.

En primer lugar, se contrataron los servicios de la empresa con un monto total de 82 millones 509 mil pesos para la implementación de un expediente clínico electrónico que se desarrollaría en el Hospital General 450 y que tendría una vigencia de tres años, del 1 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2016. Dicho expediente contendría los datos acerca del paciente, su estado de bienestar físico, mental y social y nunca se concluyó, incluso ni siquiera llega al 50 por ciento.

Bajo estas circunstancias se presume un probable desvío de 53 millones 22 mil pesos, ya que el expediente clínico electrónico no cumplió con lo contratado, ya que ni siquiera cubre los datos para la atención médica de los pacientes, ni documentos gráficos, escritos y gráficos imagenológicos, de lo que ambos exfuncionarios públicos, Díaz Juárez y Díaz Herrera tuvieron conocimiento y siguieron autorizando los pagos para dicha empresa.

Aunado a la celebración de dicho contrato, también por adjudicación directa para el mantenimiento de dicho expediente se le pagaron a PACS otros siete millones 490 mil pesos, por un programa que nunca funcionó al 100 por ciento, ni siquiera al 50 por ciento, por lo que se estará ampliando esta denuncia en contra de la empresa, por la responsabilidad que le resulte ante las presuntas irregularidades.

Gozan de amparo

El consejero Jurídico indicó que ambos exfuncionarios, el ex secretario de Salud y la ex directora administrativa, gozan de un amparo, sin embargo deberán presentarse ante el juez que los requiere o de lo contrario, la orden de aprehensión se ejecutará de inmediato.

Cabe mencionar, que Torrecillas indicó que esta omisión ha perjudicado las finanzas de la Secretaría de Salud y ha privado a miles de familias de acceder a la digitalización de sus expedientes retrasando la mejora de los servicios que todos tienen derecho.

Cabe mencionar que ambos exfuncionarios hace unos meses no atendieron la citación hecha por el representante social ante la Fiscalía, ya que manifestaron que estarían fuera de la ciudad en un congreso médico, lo cual no acreditaron fehacientemente, lo que origina pensar que quieren evadir la acción de la justicia.

Finalmente, Galdino mencionó que el actual gobierno encabezado por José Rosas Aispuro Torres no cesará las acciones en contra de quienes dañaron el patrimonio de los duranguenses, pues el que “la hace la tendrá que pagar”. Además, mencionó que en los próximos días se seguirán presentando las denuncias en contra de otros exfuncionarios de gobierno y solicitando las órdenes de aprehensión correspondientes.

César Rguez. / La Voz de Durango

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