- La reforma fiscal, terrorismo puro.
- A través de los superdelegados, AMLO busca quitar poder a los gobernadores y presidentes municipales.
Graciela Rosales/La Voz de Durango
Hasta el momento son 18 entidades del país, entre ellas Durango, que están buscando financiamiento bancario, pues los recortes del gobierno federal, están empobreciendo a los Estados, declaró Jesús Elier Flores Salas, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Durango, tras precisar que lo más indignante es que la estrategia sea ahorcar económicamente para luego mandar apoyo a través de los representantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y posicionar a su partido.
El empresario duranguense, dijo que sería interesante que los Estados con dificultades por la falta de recursos se unieran en un frente común que les permita diseñar una estrategia con mejores condiciones para contratar la deuda.
Hasta ahora el obsesivo programa de quitar el poder a gobernadores y municipios con los superdelegados, le está resultando. Está empobreciendo a los estados y sus comunidades, a los grupos de asociaciones y a varios sectores.
La corrupción no termina y la pobreza aumenta, la actividad empresarial vuelve a ser tema central en esta semana que inicia. Ahora está la propuesta de cancelar certificados de sellos digitales por cualquier motivo. “De por sí la reforma que está en manos de diputados no es una reforma fiscal, sino penal”.
REFORMA FISCAL, TERRORISMO PURO
Flores Salas, dijo que una cosa es prevenir y castigar la evasión fiscal, ya sea por ocultar ingresos o por comprobar gastos inexistentes con facturas falsas, y otra muy diferente es que hoy el Estado mexicano pretenda comenzar una persecución para obtener recursos violando derechos y libertades básicos como la presunción de inocencia, como sucedería con esta iniciativa propuesta por Morena.
Atentar contra la libertad y el patrimonio de los ciudadanos no cabe en un régimen democrático, sino en uno inquisitorio y expropiatorio.
Con ignorancia fiscal y sin estudio previo pretenden catalogar la defraudación fiscal como delito de delincuencia organizada; considerar la evasión fiscal como un delito contra la seguridad nacional –como el terrorismo, el sabotaje y la traición a la patria. Esto significa que los empresarios o contribuyentes podrían llegar a ser investigados por órganos de inteligencia del país.
Que, al ameritar prisión preventiva, los acusados de evasión irán a prisión aun cuando no se les pruebe nada. Esto podría prestarse a extorsiones y persecuciones; pero además se castigarán de igual forma a emisores de facturas falsas que a quien, sin saberlo, recibió una o varias a su nombre.
Tampoco hay distinción alguna entre la sanción que recibirá alguien que evade el piso de los 7.8 millones de pesos, que alguien que los supera por muchos millones más.
La transformación a la que aspira el presidente Andrés Manuel López Obrador, no puede sustentarse –mucho menos financiarse– con un retroceso que entregue al gobierno capacidad de confiscar bienes sin control. Para alcanzar el anhelado desarrollo se requiere de inversiones –nacionales y extranjeras– que solo llegarán con certidumbre sobre el futuro.
Esta iniciativa ya ha tenido el efecto adverso, al poner en riesgo la inversión privada y la seguridad jurídica con que hoy cuentan empresas y contribuyentes, y que tanto ha costado construir.
Pero lo peor es que esta iniciativa deja en un estado de total indefensión a los contribuyentes, equiparándolos con criminales y terroristas y sin defensa alguna. Las inversiones han disminuido y el país está estancado.
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